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El 23 de junio se celebra el Día Mundial del Alertador, un día dedicado a las personas que dan el paso para denunciar los casos de corrupción y otras malas prácticas
Isdefe se une a esta celebración con objeto de concienciar sobre el papel que cumplen estas personas en el esclarecimiento de los casos de corrupción. Los alertadores son fundamentales en una sociedad abierta y transparente y desempeña una función muy importante en la detención de conductas indebidas y actos ilícitos, evitando daños de reputación y pérdidas económicas.
En 2019 entró en vigor la Directiva 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE o Directiva Whistleblowing, como se le conoce en su terminología inglesa. España prevé trasponer la Directiva a lo largo de este año. De hecho, ya se ha publicado el “Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”.
Tanto la Directiva Whistleblowing como la futura Ley de protección de denunciantes de corrupción establecen para las empresas, la implementación de un canal de comunicación obligatorio, la posibilidad de tramitar denuncias anónimas y la protección de la identidad de los alertadores, manteniendo su anonimato y garantizando la no represalia.
En este sentido, Isdefe puso en marcha recientemente, un nuevo Buzón Ético, que unifica en un mismo espacio los diferentes canales existentes hasta el momento, permite el anonimato y garantiza la confidencialidad y la seguridad de cualquier comunicación de un presunto incumplimiento o irregularidad relativa al Código Ético, al Programa de Prevención de Riesgos Penales o a las Normas de actuación en materia de Acoso y Discriminación de Isdefe. El Buzón Ético es accesible desde la web de Isdefe y está abierto a terceros.
La cultura de whistleblowing es bastante reciente en España, aunque la creación de canales de denuncia internos tuvo un gran impulso tras la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, que introdujo una cláusula de exención de responsabilidad penal para aquellas personas jurídicas que hubiesen adoptado un modelo eficaz de prevención de riesgos penales o de compliance.